[SUNCHALES] Ordenaron la suspensión del cobro del DREI realizado al Banco Nación
El abuso en las tasas municipales hace peligrar la continuidad de sucursales del Banco en varias localidades de la Provincia
El reclamo del Banco Nación
En un fallo reciente, el juez Marcelo Bailaque, subrogante del Juzgado Federal de Rafaela, ordenó la suspensión temporal del cobro del Derecho de Registro e Inspección (DREI) por parte del municipio de Sunchales al Banco Nación. Esta medida, similar a las dispuestas en Ceres, Humberto Primo y Rafaela tendrá una vigencia de seis meses.
Desde Fececo queremos manifestar nuestra preocupación por este tema, dado que de proseguir, por parte de los municipios y comunas, la actitud abusiva en el cobro de tasas peligran las sucursales de la entidad financiera que es pilar fundamental en el andamiaje financiero del sector productivo. Así también expresamos nuestra solidaridad con el Banco, que además de ser socio del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales, tiene sucursales en muchas de las localidades donde nuestra Federación cuenta con entidades adheridas.
El juez Bailaque señaló en su fallo que el Banco Nación enfrenta un pago mensual promedio de $58.943.000 por el DREI en Sunchales, incluyendo un 12% adicional destinado al Fondo Cooperadora Policial y al Fondo de Obra Solidaria. Este monto, afirmó el magistrado, no guarda relación con el costo del servicio que debería justificar el tributo, violando principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en materia de proporcionalidad y razonabilidad de tasas municipales.
Impacto sobre la operación del Banco
El Banco Nación advirtió en su presentación que los altos montos cobrados en concepto de DREI ponen en riesgo la continuidad de la sucursal en Sunchales. La institución, que tiene como misión el apoyo y financiamiento del desarrollo económico en el país, señaló que las tasas exorbitantes afectan su capacidad operativa y contradicen los objetivos de fomento a la producción, el comercio y la industria regional.
El fallo también destacó que el municipio de Sunchales gravaba actividades relacionadas con la compra-venta de instrumentos de deuda pública nacional, lo cual podría considerarse una injerencia en competencias exclusivas del gobierno federal según lo dispuesto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional. Además, el juez advirtió que este tipo de cargas podría desalentar el uso de estas herramientas financieras, fundamentales para la gestión económica del país.
Resolución y medidas ordenadas
En su resolución, el juez Bailaque instruyó a los municipios y comunas implicados a suspender, durante un período de seis meses, la aplicación de las normativas cuestionadas. Asimismo, ordenó que se abstengan de realizar cualquier acción vinculada con el cobro del DREI, incluyendo el inicio de sumarios, reclamos, aplicación de intereses o multas, o medidas cautelares.
Una cuestión de fondo: la proporcionalidad tributaria
El fallo subraya un problema de fondo en la aplicación de tasas municipales a instituciones financieras. Según el Banco Nación, las alícuotas aplicadas al DREI en Sunchales, que oscilan entre el 0,3% y el 1,5% para otras actividades, muestran una desproporción evidente en comparación con las aplicadas a la actividad bancaria. Este desequilibrio, combinado con los adicionales, genera un tributo que excede ampliamente los parámetros de razonabilidad establecidos por la jurisprudencia.
Próximos pasos
Resta saber si los municipios involucrados apelarán el fallo o si ajustarán sus normativas tributarias. En el caso de Rafaela y Sunchales, no se presentaron posturas ante el Juzgado Federal, aunque sí lo hicieron Ceres y Humberto Primo. Este caso podría marcar un precedente importante para la revisión de las ordenanzas tributarias municipales, asegurando que se ajusten a los principios constitucionales y a criterios de proporcionalidad en relación con los servicios prestados.
El fallo destaca la importancia de establecer normativas claras y justas que no sólo sean constitucionalmente válidas, sino que también permitan el desarrollo de las instituciones y empresas que sostienen el tejido económico local.
